La política de tolerancia cero con el ausentismo y la indisciplina que lleva adelante el Gobierno de Rolando Figueroa registró en las últimas horas un caso que no tiene precedentes en la administración pública provincial: el despido de un agente que se fue del país sin avisar y que, al momento de ser consultado por sus ausencias, alegó haber tramitado una licencia de la que no existía ningún registro en el sistema.
Se trata de Lucas Ezequiel Cornide Villegas, quien formaba parte de la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y fue cesanteado por abandono de cargo en dos períodos comprobados: el primero entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2023, y el segundo desde el 3 de enero hasta el 1° de marzo de 2024.
El elemento más llamativo del caso surgió durante el proceso sumariante. El 13 de julio de 2024, el ahora despedido declaró que había presentado una licencia sin goce de haberes por un año, pero afirmó no tener copias que lo respaldaran porque "ya residía en otro país". La respuesta de la administración provincial fue contundente: "No existen constancias del inicio de ningún expediente por licencia sin goce de haberes." Sin documentación, sin justificación válida y desde el exterior, el agente había continuado cobrando su sueldo como si nada.
Una enfermera de Zapala que falsificó certificados para ayudar a su hermana
El segundo caso involucra a Caren Noemí Baeza, enfermera del Hospital "Jorge Juan Pose" de Zapala, quien fue cesanteada luego de que los auditores acreditaran que confeccionó dos certificados médicos apócrifos fechados el 12 de diciembre de 2023. Los documentos estaban firmados en nombre de una médica que ese día no había hecho consultorio ni guardia, y que además declaró no conocer a la supuesta paciente y que "la letra no era suya".
La propia Baeza terminó reconociendo los hechos en su descargo escrito: "Pido disculpas por mi accionar, asumo la responsabilidad del error cometido. Actué sin pensar, sin medir las consecuencias de mis actos. El día 12/12/2023 recibí un llamado telefónico de mi hermana, solicitando ayuda, ya que necesitaba un certificado médico porque faltó a su trabajo para asistir al acto escolar de fin de año de su hijo."
El sumario administrativo había sido iniciado el 16 de mayo de 2024 por la Subsecretaría de Salud, y la confesión de la propia agente terminó de cerrar el expediente. La falsificación de documentación oficial en el ámbito de la salud pública fue considerada una falta de extrema gravedad, incompatible con el ejercicio de las funciones en la administración provincial.