El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, coordina una nueva fase de retiros voluntarios en organismos descentralizados del Estado nacional, profundizando la política de reducción estructural que es uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei. Más de 2.300 trabajadores ya adhirieron a los programas de desvinculación voluntaria puestos en marcha durante 2026, y desde la Casa Rosada confirman que el proceso continuará expandiéndose en los próximos meses.
El dato de contexto es elocuente: según el último informe del INDEC, la administración pública nacional y las empresas estatales contabilizaban en marzo de 2026 un total de 276.104 empleados, lo que representa una caída interanual del 6,3%. Entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde la llegada de Milei al poder ya fueron eliminados más de 65.000 puestos dentro de la estructura estatal, una cifra sin precedentes en la historia reciente del empleo público argentino.
El esquema elegido por el Gobierno tiene una lógica clara: generar ahorros permanentes sin recurrir a despidos masivos. Los acuerdos contemplan compensaciones económicas para quienes adhieren voluntariamente, con la condición de que no podrán volver a trabajar en el sector público durante cinco años. Según explican funcionarios nacionales, en muchos casos el ahorro fiscal generado permite recuperar el costo del acuerdo en menos de un año.
Los casos más avanzados y los que vienen
Los procesos más significativos hasta el momento son los de la Dirección Nacional de Vialidad, con cerca de 1.000 desvinculaciones, y la ANSES, donde la cifra alcanzó aproximadamente 1.170 trabajadores. Ambas cifras representan alrededor del 10% de la plantilla total de cada organismo, y el oficialismo los presenta como los casos más exitosos de la política, tanto por su escala como por la ausencia de conflictos laborales de magnitud.
La estrategia también fue aplicada en Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y la empresa Belgrano Cargas y Logística, con el objetivo de reducir costos operativos y avanzar hacia estructuras más ágiles y eficientes.
La nueva etapa en preparación incluye al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como próximo organismo en el que se abrirá un programa de retiros voluntarios. Además, el Gobierno estudia aplicar un esquema similar en el PAMI, organismo que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados y que representa uno de los mayores desafíos de gestión en términos de tamaño y presupuesto.