PRIVATIZACIONES 2026: EL MAPA COMPLETO DE EMPRESAS Y ACTIVOS ESTATALES QUE EL GOBIERNO QUIERE TRANSFERIR AL SECTOR PRIVADO

El Gobierno nacional reactivó con fuerza su agenda de privatizaciones y concesiones con un objetivo político claro: llegar a 2027 con resultados visibles antes de que arranque la campaña presidencial. Desde la Casa Rosada son explícitos al respecto: "Queremos mostrar gestión y que se pueda evidenciar el modelo que proponemos." La prioridad no es solo recaudar dólares por ventas, sino dejar funcionando nuevos esquemas de gestión privada en sectores clave de la economía antes del verano.

La estrategia avanza en paralelo al envío de proyectos al Congreso y forma parte del intento del oficialismo de retomar la iniciativa política. Los expedientes más avanzados —y los que el Ejecutivo considera con mayor potencial de impacto visible en el corto plazo— son Belgrano Cargas, Correo Argentino, AySA, Intercargo, la Hidrovía y las concesiones viales.

El detalle de cada proceso: quiénes, cuándo y cómo

Belgrano Cargas es uno de los procesos que está "al caer". El Ministerio de Economía prevé lanzar en las próximas semanas el esquema para transferir la operación ferroviaria de cargas al sector privado, dividiendo el proceso por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y permitiendo ofertas independientes por distintas unidades de negocio: infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención es evitar un único paquete cerrado y abrir la competencia a operadores que quieran participar en solo una parte del sistema.

El Correo Argentino también figura entre las prioridades. El Gobierno trabaja para que el proceso se concrete este año y lo presenta como un caso con mayor margen político que otros servicios públicos. Un dato que refuerza esa lectura es el balance superavitario que el entorno de Milei describe como el "primero en años": ingresos corrientes por $774.126 millones, gastos corrientes por $720.308 millones y un resultado económico positivo de $53.818 millones. A diferencia de otras estatales, el Correo no prevé recibir transferencias del Tesoro, sino que por el contrario aportará $60.000 millones a la Administración Nacional.

AySA ya entró en el calendario formal. El Gobierno lanzó la licitación para vender el 90% de las acciones, manteniendo el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La presentación de ofertas está abierta hasta el 27 de agosto y el esquema busca incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. La empresa llega al proceso con ingresos corrientes proyectados de $1,633 billones para 2026, aunque con necesidades de financiamiento para obras de infraestructura.

Intercargo, la empresa de servicios de rampa en aeropuertos, es otro de los casos que el Gobierno considera de resolución más rápida. Se busca vender el 100% de las acciones con un plazo para ofertas fijado al 2 de junio, incluyendo activos, contratos, licencias y continuidad operativa.

La Hidrovía está cerca de su adjudicación: el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal ya superó la etapa económica de la licitación y las firmas belgas Jan De Nul y DEME igualaron la oferta mínima permitida. En materia vial, la apertura de sobres para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones sumó 20 oferentes para más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos estratégicos, con la intención de que algunos corredores ya estén operativos durante el verano.

En el frente energético, el Gobierno ya tiene un antecedente concreto: la adjudicación de la participación estatal en CITELEC —controlante de Transener— a Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones, muy por encima del precio base de US$206 millones. Ahora la mirada apunta a activos vinculados a ENARSA, centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas.

La excepción más relevante del mapa es Trenes Argentinos: el Gobierno descartó privatizarlo este año porque considera que las condiciones no están dadas sin una suba fuerte del boleto. El caso más complejo sigue siendo Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), donde una de las opciones evaluadas es transferir la operación a la provincia de Santa Cruz, sin que haya aún una definición cerrada.