El Gobierno nacional avanza en su pulseada con las dos principales entidades del fútbol argentino, pero con estrategias diferenciadas según el estado judicial de cada caso. Desde el Ministerio de Justicia sostienen que el margen de acción sobre la Superliga es considerablemente más amplio que sobre la AFA, donde una apelación judicial en trámite obliga al Ejecutivo a esperar antes de aplicar nuevas medidas administrativas.
En el caso de la AFA, la posición oficial es clara: existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, y el Gobierno no avanzará con apercibimientos ni nuevas acciones hasta que ese tribunal se expida. "Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos", señalaron desde el Ejecutivo.
El escenario de la Superliga es sustancialmente distinto. La entidad se limitó a manifestar su disconformidad con la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ), planteo que el organismo ya rechazó. Sin una apelación judicial que frene el proceso, el camino administrativo permanece abierto. Desde la Casa Rosada anticiparon que "la semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", ratificando que la presión documental sobre el fútbol argentino no tiene intenciones de aflojarse.
El arsenal legal de la IGJ: de la intimación a la intervención
La Inspección General de Justicia cuenta con un conjunto de herramientas legales que le otorgan un poder de fiscalización considerable sobre asociaciones civiles como la Superliga. La Ley 22.315 habilita al organismo a investigar denuncias, asistir y convocar asambleas, exigir documentación y aplicar sanciones cuando detecta irregularidades relevantes.
El primer paso disponible sería una nueva intimación formal para que la Superliga entregue la documentación requerida o permita el acceso solicitado por los veedores. Si la IGJ determina que hubo incumplimiento, la normativa la faculta a sancionar tanto a la entidad como a sus administradores por no proveer información, entregar datos falsos, infringir obligaciones legales o estatutarias, o dificultar el trabajo del organismo.
El esquema sancionatorio contempla tres instancias: apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa económica. El monto máximo de esta última fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000, con graduación que considera la gravedad del hecho, la reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad sancionada.
Pero las herramientas no terminan ahí. Si la IGJ detectara irregularidades graves, puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en el escenario más extremo, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención directa de la asociación civil o incluso el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las entidades cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad institucional.