La política de tolerancia cero con el ausentismo injustificado que lleva adelante el gobierno de Rolando Figueroa sumó esta semana dos nuevas bajas en la administración pública provincial. Mediante sumarios administrativos que siguieron todos los pasos del debido proceso, fueron cesanteadas dos agentes de la planta permanente del Estado neuquino: una perteneciente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y la otra al Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, en pleno centro de la ciudad de Neuquén.
Ambas fueron sancionadas por abandono de cargo, figura que se aplica cuando un agente acumula ausencias reiteradas e injustificadas que demuestran, en términos formales, un desinterés manifiesto por el servicio público. En los dos casos, los expedientes recogen períodos prolongados de inasistencia durante el año 2024 y ninguna de las dos logró justificar sus faltas ante la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial.
Los casos: una funcionaria de Trabajo y una enfermera sin certificados médicos
La primera cesantía recayó sobre Mirta Marcela Andrés, quien se desempeñaba en la Subsecretaría de Trabajo. Su sumario administrativo fue iniciado el 16 de agosto de 2024 por incumplimiento de los deberes establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). La investigación confirmó ausencias injustificadas en múltiples períodos: del 1 al 27 de marzo, del 3 al 24 de abril, del 29 al 30 de abril y del 2 de mayo al 3 de junio, todos del corriente año anterior.
La Junta de Disciplina fue contundente en su dictamen: "La conducta adoptada por la agente infringe lo estipulado en el CCT", recordando que los trabajadores estatales están obligados a la "prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y dedicación adecuada". A Andrés se le garantizó el derecho de defensa y el debido proceso, pero no logró acreditar ninguna justificación válida para sus ausencias.
El segundo caso involucra a Jennifer Belén Auad, enfermera del Hospital Castro Rendón. Sus inasistencias injustificadas se extendieron por tres períodos diferenciados: del 21 de febrero al 14 de abril, del 1 al 8 de julio y del 16 de julio al 16 de octubre de 2024. El elemento más grave que surge del expediente es la ausencia total de certificados médicos por todo el período investigado, según informó el propio Servicio de Salud Ocupacional del hospital.
El documento oficial fue categórico: "No justificó sus inasistencias, manteniendo un cuadro de incumplimiento persistente que evidencia desinterés manifiesto por el servicio". Además, se remarcó que, dada "la naturaleza esencial del servicio público de salud" y las funciones propias del cargo, la conducta de Auad "comprometió la regularidad de la prestación del servicio", habilitando la aplicación de una sanción expulsiva conforme al marco normativo vigente.
Como corolario de ambos casos, el Gobierno provincial dejó en claro que, de comprobarse que las dos ex agentes percibieron salarios sin haber prestado servicios, se activarán los mecanismos administrativos para el recupero de esas sumas. De ser necesario, intervendrá la Fiscalía de Estado para accionar en consecuencia.