“EL COSTO ES EL 15%”: LOS CHATS QUE SACUDEN LA CAUSA SIRA Y EXPONEN EL SISTEMA DE CORRUPCIÓN K
RedacciónLa causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema SIRA durante el último gobierno kirchnerista sumó nuevas pruebas explosivas y dejó al descubierto un presunto esquema paralelo de pagos, intermediarios y favores para acelerar importaciones en plena vigencia del cepo cambiario.
La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, avanzó luego del análisis de uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo.
Del contenido extraído surgieron chats, audios y conversaciones que, según consta en el expediente, describen un mecanismo para “gestionar” aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) mediante supuestos pagos ilegales y comisiones calculadas sobre operaciones en dólares.
Según la causa, quienes intervenían en esas maniobras percibían entre un 10% y un 15% del valor de las importaciones, tomando como referencia el dólar oficial o el dólar blue.
La investigación se centra en las maniobras realizadas durante 2022 y 2023, en los últimos años del esquema de cepo cambiario implementado por el kirchnerismo, un sistema que generó fuertes distorsiones económicas, restricciones para importar y un gigantesco mercado paralelo de divisas.
LOS AUDIOS Y CHATS QUE COMPLICAN A LOS INVESTIGADOS
Entre los mensajes encontrados aparece una conversación entre Migueles y Ariel Germán Saponara, abogado que habría tenido vínculos laborales con organismos públicos y que, según la investigación, consultaba sobre contactos para acelerar aprobaciones de SIRA.
“Tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%”, escribió Saponara en marzo de 2023, mientras consultaba por permisos vinculados a importaciones de maquinaria y repuestos.
Migueles respondió que podía conseguir aprobaciones por un porcentaje menor y luego envió audios donde detallaba supuestos costos y márgenes de ganancia.
“La saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”, afirmó en uno de los mensajes incorporados al expediente judicial.
Las conversaciones avanzan sobre montos, porcentajes y tiempos de aprobación significativamente más rápidos que los habituales durante el cepo.
Según el fiscal Picardi, las autorizaciones podían conseguirse en apenas una semana o diez días, cuando en ese período las empresas denunciaban demoras que podían superar ampliamente los 90 o incluso 120 días.
En otro de los audios, Migueles sostiene: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto”.
La causa también expone presuntos movimientos de dinero vinculados a esas operaciones.
Uno de los mensajes revela que, tras aprobarse una SIRA vinculada a una empresa importadora, se habría coordinado la entrega de dinero en una dirección ubicada sobre Avenida Libertador.
MÁS DE 50 PERSONAS Y EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN
El expediente ya involucra a más de 50 personas y empresas y no deja de crecer.
La Justicia investiga cómo distintos operadores financieros, intermediarios y presuntos contactos dentro del aparato estatal habrían intervenido para acelerar permisos de importación en medio del esquema de restricciones cambiarias.
En las pericias también aparecen menciones a otras personas identificadas como “Pipo”, “Pato” y “La Señora”, quienes, según la investigación, tendrían roles vinculados a la gestión interna de aprobaciones dentro de organismos estatales.
Uno de los audios atribuidos a Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, resulta especialmente comprometedor.
“El 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro”, afirma en referencia a los porcentajes que supuestamente debían abonarse para liberar operaciones.
La Justicia sospecha que existía una estructura organizada para facilitar importaciones a cambio de retornos económicos mientras miles de empresas sufrían trabas para acceder al dólar oficial.