El gobierno provincial neuquino concretó los despidos de otros cinco trabajadores estatales en el marco de la política de tolerancia cero que impulsa el gobernador Rolando Figueroa. En todos los casos, el motivo fueron faltas reiteradas e injustificadas a sus puestos de trabajo.
Dos porteros del Jardín de Infantes 76
A través de decretos, el Ejecutivo convalidó resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) e impuso la cesantía a dos auxiliares de servicio.
Uno de ellos es Kevin Tomás Parra, portero del Jardín de Infantes 76 de Neuquén, a quien los auditores atribuyeron inasistencias injustificadas en distintas jornadas de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024. Según el expediente, prestaba funciones desde marzo de 2022 y “sus reiteradas inasistencias y actitud omisiva ante las notificaciones formales provocaron graves problemas operativos, conflictos internos y la suspensión de clases en su sector”. El equipo directivo intentó encauzar la situación con reuniones y comunicaciones escritas y telefónicas, sin obtener respuesta, pese a ofrecerle apoyo institucional.
La misma sanción alcanzó a Joaquín Andrés Maidana, también portero de esa institución, por faltas injustificadas entre enero y agosto de 2024. Las autoridades afirmaron que faltaba “sin aviso ni justificación” y que sus certificados médicos se cargaban fuera de término, por lo que no eran reconocidos. Sus ausencias obligaron a redistribuir tareas entre otros auxiliares y, luego, a suspender clases por no poder garantizarse la higiene de una de las salas.
Un enfermero que no pudo acreditar sus motivos
Otra cesantía recayó sobre Lucas Gonzalo Cumilao, enfermero del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar. Los auditores dieron por acreditadas faltas injustificadas en decenas de jornadas de agosto, noviembre y diciembre de 2024.
En su defensa, sostuvo que las de agosto se debieron a un incendio en su vivienda, que lo dejó sin luz ni agua, y que las de noviembre y diciembre obedecieron a dificultades económicas para costear el transporte. Sin embargo, el expediente señala que esas circunstancias no fueron acreditadas con documentación ni justificadas en tiempo y forma.
Dos agentes en Gobierno y Seguridad
Diego Raúl Esteban Ibañez, de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, faltó entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2024. No avisó que se había mudado a Cutral Co y, según el decreto, “nunca se presentó a trabajar desde el cambio de gestión” ni agregó justificación alguna.
La última cesantía fue para María Virginia Rivas, de planta permanente del Ministerio de Seguridad, por faltas injustificadas entre el 2 de enero y el 24 de junio de 2024.
Como en casos anteriores, se les reclamará que devuelvan lo cobrado sin haber trabajado y, de no hacerlo, se iniciarán acciones judiciales, en línea con la política de tolerancia cero de la gestión de Rolando Figueroa.
