El equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo afina los detalles de dos reformas pensadas para responder a reclamos de gobernadores y sectores productivos: la reparación de las rutas nacionales y la reapertura del crédito. Ambas comparten una premisa central: cero inversión con fondos del Tesoro y respaldo al capital privado para financiar la infraestructura y el financiamiento.
Tres niveles para licitar las rutas nacionales
Según indicó La Nación, el nuevo esquema de concesión vial no aplicará una fórmula uniforme, sino que segmentará las intervenciones en tres escalas según el tránsito de cada traza:
- Obra pesada: duplicación de calzadas para convertir rutas en doble vía o autovías.
- Mejoras de traza: construcción de carriles de sobrepaso en sectores críticos.
- Mantenimiento exclusivo: tramos donde el contrato se limitará a conservar la calzada existente.
Frente a las renegociaciones truncas que marcaron las concesiones viales de las últimas tres décadas, el Gobierno busca fijar pautas estrictas en los pliegos para evitar la parálisis de las obras.
Peaje incremental y Valor Presente de Ingresos
Para financiar las obras sin desembolsos estatales, Economía aplicaría el peaje incremental: en rutas concesionadas, como los tramos de las rutas 3, 5 y 7, convivirán el peaje base, destinado a mantenimiento, y una tarifa adicional topeada que se destinará a pagar la obra nueva.
El Ejecutivo evalúa además el esquema de Valor Presente de Ingresos (VPI): la constructora licita por un monto determinado (por ejemplo, US$ 300 millones) y, una vez cobrada esa cifra mediante el peaje incremental, la concesión finaliza automáticamente. También se analiza incluir estas inversiones en el RIGI o en el régimen para medianas empresas (RIMI).
Soja, tractores y stock como respaldo de préstamos
En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en una modificación integral de la Ley de Mercado de Capitales para abaratar el financiamiento bancario y bursátil. El proyecto busca que las pymes usen activos reales como garantía mediante:
- Registro Único de Garantías: base de datos electrónica y unificada para inscribir bienes muebles e intangibles, que reduciría el riesgo de cobro para bancos y fintech.
- Prendas privadas: permitirían prendar maquinaria, vehículos o stock sin ceder la posesión ni el uso del bien.
- Pagaré en bienes físicos: títulos de deuda respaldados directamente por granos, como toneladas de soja, o insumos en depósito.
- Flexibilización de planes de ahorro: desregulación de la venta de vehículos para ampliar las alternativas de financiamiento automotriz.
Un rezago crediticio que apura la reforma
La urgencia responde al rezago en los indicadores de crédito. Según datos del Banco Central citados por La Nación, los préstamos hipotecarios no alcanzan el 1% del PBI, frente al 28% de Chile, y solo el 37% de la población tiene tarjeta de crédito.
En Economía califican la iniciativa como “reformas de plomería” estructural, necesarias para estabilizar las reglas financieras. Sin embargo, el paquete requerirá aprobación parlamentaria en un Congreso con agenda trabada, por lo que el impacto sobre la liquidez del mercado se proyecta a mediano plazo.
