La política de tolerancia cero que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa al asumir alcanzó a otros cuatro agentes del Estado neuquino, en todos los casos por faltas graves: una oficial del Registro Civil que se quedó con dinero de la Provincia, una agente que viajó a Chile durante una licencia médica, un policía acusado de sustraer pertenencias a un compañero y un portero con condena firme.
Exoneración en el Registro Civil
El primer caso terminó en exoneración, sanción más severa que la cesantía, para Mabel Carlina Rastellini, oficial pública de Registros Civiles, a quien se le atribuyó haberse quedado con dinero de la Provincia. Según el expediente, “celebró un matrimonio fuera de la oficina registral omitiendo deliberadamente el procedimiento legalmente previsto, dejando de generar la correspondiente boleta mediante el sistema oficial, percibiendo el dinero por una cuenta personal de Mercado Pago y omitiendo efectuar la rendición de los aranceles” que correspondía ingresar al Estado.
La documentación oficial también registra graves irregularidades en el trámite: inconsistencias en la declaración jurada previa, omisión de recaudos para matrimonios celebrados fuera de la sede registral y alteraciones materiales en la documentación.
Rastellini admitió haber recibido dinero fuera de los canales oficiales, aunque sostuvo que “lo único que les cobré fue para el taxi”. En paralelo, en la causa penal habría aceptado una pena acordada de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $450.000, por exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica agravada.
Cesantía por uso irregular de licencia
La segunda cesantía recayó sobre Karina Stefanie Jaña Reyes, de planta permanente de la Dirección Provincial del Registro Civil, por utilización irregular de licencia. El sumario se inició porque se ausentó del territorio provincial y nacional con destino a Chile, en fechas coincidentes con períodos de licencia por largo tratamiento de salud, sin autorización administrativa. Los auditores dieron por probadas ausencias el 18 de noviembre de 2023, el 30 de diciembre de ese año y el 20 de febrero de 2024.
Cesantía de un policía
El tercer caso es la cesantía del ex cabo Francisco Andrés Pertusatti, por faltas previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales. El expediente indica que el 2 de mayo de 2025 la Comisaría N.° 16 del barrio San Lorenzo informó la denuncia de un oficial ayudante, quien al terminar su jornada constató la sustracción de una funda cubre volante y un logo de marca del interior de su vehículo particular, estacionado en el patio de la unidad. Según el documento, se determinó la responsabilidad de Pertusatti, al establecerse que los elementos estaban ocultos en su rodado particular.
Baja por condena firme
En el cuarto caso, el Ejecutivo convalidó una resolución del 20 de agosto de 2026 del Consejo Provincial de Educación y dio de baja a Orlando Basilio Marillán, auxiliar de servicio (portero) en la Escuela Primaria N.° 356 de Neuquén capital. La baja rige desde el 22 de abril de 2026, cuando quedó firme la sentencia condenatoria en la que la Justicia le impuso 11 años de prisión de cumplimiento efectivo. Los hechos, ocurridos en el ámbito privado y no en la administración pública, no se detallan en esta nota.
Los cuatro casos se suman a las numerosas medidas aplicadas desde diciembre de 2023 bajo la política de tolerancia cero de la gestión de Rolando Figueroa.
