La oposición buscará este jueves rechazar en la Cámara de Diputados el DNU 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno de Javier Milei para desregular la economía. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si la oposición consigue una mayoría en Diputados, el DNU quedaría derogado, según la Ley 26.122, que establece que el rechazo de ambas cámaras deja sin efecto un decreto de necesidad y urgencia, aunque preserva los derechos adquiridos durante su vigencia.
La ofensiva parlamentaria es encabezada por el kirchnerismo y otros sectores opositores que buscan revertir una parte central de las reformas económicas impulsadas por el oficialismo.
Qué reformas están en juego
Una de las principales consecuencias podría darse en el mercado inmobiliario. El DNU derogó la Ley de Alquileres y permitió que propietarios e inquilinos acordaran libremente plazos, moneda y mecanismos de actualización de los contratos. Desde entonces, la oferta de departamentos en alquiler en el AMBA aumentó un 326,2% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, según un relevamiento de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre. Una eventual caída del decreto abriría un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de ese marco de libertad contractual.
También quedarían bajo discusión las derogaciones de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, normas que habilitaban formas de intervención estatal sobre la comercialización, los precios y la distribución de productos.
Otro sector que podría verse afectado es el aerocomercial, donde el Gobierno impulsó mayor competencia y flexibilizó las condiciones de operación. Además, el decreto introdujo cambios en el sistema de obras sociales para ampliar la libertad de elección de los trabajadores.
La presión universitaria y el costo fiscal
La sesión coincidirá con movilizaciones de agrupaciones kirchneristas y de izquierda que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuestionada por el Ejecutivo por su impacto presupuestario y la falta de especificidad sobre las fuentes de financiamiento.
Según los cálculos oficiales, la norma representaba un gasto adicional cercano a $1,07 billones en 2025, mientras que solo la recomposición salarial prevista para 2026 superaba los $2 billones. El Gobierno sostiene que avanzar con estos gastos sin fuentes específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su programa económico.
De esta manera, la oposición buscará avanzar de forma simultánea contra las desregulaciones económicas y la disciplina fiscal del Gobierno, en una jornada que podría definir el futuro de una parte importante de las reformas implementadas desde diciembre de 2023.
