El manejo financiero del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque, en la órbita del gobierno de Axel Kicillof, quedó bajo escrutinio judicial tras una denuncia formal. La abogada Silvina Martínez expuso públicamente que el organismo dispone de un presupuesto de $184.000 millones para el ejercicio 2026.
Esos recursos, destinados a la promoción y protección de derechos, la responsabilidad penal juvenil y la administración de hogares e instituciones para niños y adolescentes, quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades en su manejo.
La denuncia formal ante la Procuración
La controversia cobró escala judicial tras una denuncia formal presentada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por parte de D.A., una asistente de Minoridad y empleada activa del organismo.
En su presentación, la trabajadora solicitó la intervención de una unidad fiscal especializada para investigar la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, y reclamó además auditorías integrales y medidas cautelares para preservar documentación física, servidores y registros informáticos. La denunciante pidió investigar específicamente el desempeño de una directora de un dispositivo dependiente de la entidad, dejando abierta la posibilidad de extender la imputación hacia otros niveles del organigrama.
Un presunto mecanismo de retención de horas extras
El núcleo central de la presentación describe un mecanismo que la denunciante comparó con el llamado "sistema de Chocolate Rigau", caracterizado por la exigencia de devoluciones sobre partidas salariales otorgadas al personal.
Según detalló Silvina Martínez, el Estado provincial liquida fondos correspondientes a guardias y horas extras en las cuentas bancarias de los empleados, pero, de acuerdo con la denuncia, los trabajadores serían presionados a devolver hasta la mitad de ese dinero a las autoridades del organismo. Como ejemplo, si a un agente se le acreditan 100 horas extras, según la denuncia se quedaría solo con 50 y debería entregar las 50 restantes. La presentación sostiene que inicialmente se justificó esa exacción como forma de financiar la "compra de medicamentos para menores alojados", aunque la denunciante plantea que el esquema derivó en un circuito apropiado por funcionarios.
Siete puntos bajo investigación
La denuncia no se limita al presunto fraude salarial, sino que incluye otros siete puntos que la presentación describe como áreas sin control transparente:
- Guardias y horas extras: liquidación de asignaciones con presunto desvío posterior de fondos.
- Catering y alimentos: presunto sobredimensionamiento de raciones alimentarias que no llegarían a los centros de contención.
- Cajas chicas: manejo de fondos institucionales en efectivo.
- Servicios policiales: asignación de adicionales de seguridad conocidos como "horas CoRES".
- Depósitos e inventarios: presuntos faltantes en el acopio de bienes públicos como colchones, muebles y materiales de construcción.
- Obras e infraestructura: contrataciones cuyos trabajos no coincidirían con las partidas presupuestarias erogadas.
- Cargos: presuntas irregularidades en la planta funcional y en la designación de puestos.
La prueba aportada y los próximos pasos
Para respaldar la denuncia, la trabajadora aportó testigos, conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, transferencias y documentación administrativa.
La causa aguarda la designación de la fiscalía interviniente que determinará si corresponde una imputación penal formal sobre el manejo de los fondos del organismo de Niñez bonaerense.
