El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. Tras varias semanas de debate en la Cámara Alta, el oficialismo logró imponerse con 44 votos afirmativos, con el respaldo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los espacios del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Una sanción que reemplaza a la versión anterior
Esta sanción reemplaza a la primera versión de la norma a solo ocho meses de su aprobación inicial. El bloque del peronismo se opuso con 23 senadores que rechazaron la iniciativa, al vincularla con un esquema de blanqueo.
Durante la sesión, el presidente de esa bancada, José Mayans, fundamentó su postura: "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados".
Los argumentos del oficialismo y la oposición
En su carácter de miembro informante, el senador libertario Bruno Olivera sintetizó el espíritu de la iniciativa: "Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto".
Durante la discusión, el senador peronista Jorge Capitanich cuestionó el trabajo en comisiones: "No ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto".
El senador Adán Bahl se refirió al impacto en la masa coparticipable: "Con el IVA o con Ganancias no hablamos solo de lo que recauda ARCA, sino también, lamentablemente, de cuánto pierden nuestras provincias". Por su parte, el senador Fernando Salino propuso modificaciones al texto: "Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado".
Pese a los intentos de la oposición por forzar cambios durante la votación, la mayoría oficialista mantuvo los acuerdos cerrados, desestimó modificaciones en el recinto y aprobó el texto de manera integral, tanto en general como en particular.
Los principales cambios que introduce la ley
En el terreno de las especificaciones normativas, la ley introduce cambios centrales:
- Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): modifica las condiciones de ingreso, sistema del cual quedaban excluidos quienes registraran ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio mayor a diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
- Discrepancia Significativa: redefine los criterios para determinar cuándo existe una divergencia relevante entre lo declarado por el ciudadano y los registros de ARCA. Las diferencias del 15% o más, pero que no superen los cinco millones de pesos, dejarán de considerarse una discrepancia significativa.
- Tapón Fiscal y Plazo Límite: establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
El Senado también aprobó el traspaso de la justicia de menores a CABA
En la misma jornada, el Senado ratificó los convenios entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, aprobados con 44 votos a favor y 21 en contra.
El senador libertario por Salta, Gonzalo Coraita, destacó el ordenamiento institucional que genera la medida: "La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción".
La norma transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad de Buenos Aires, que asumirá la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, con competencia extendida a adultos imputados en conjunto con menores, mientras que para menores de 14 años se contemplan intervenciones judiciales de protección.
Respecto al traspaso de recursos, el senador Jorge Capitanich expuso la visión de las provincias: "No podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera".
