El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca modificar de manera profunda las herramientas con las que el Estado argentino responde ante amenazas externas.
Aunque la causa Malvinas constituye el origen y uno de los principales ejes de la iniciativa, el proyecto va mucho más allá de la disputa por las islas. El Gobierno propone integrar bajo una misma estrategia cuestiones vinculadas con Defensa, Inteligencia, política exterior, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica y seguridad nacional. La iniciativa reemplaza además el actual régimen establecido por la Ley 26.659 y establece un esquema mucho más amplio para sancionar a quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales argentinos.
Penas de hasta 20 años por explotar recursos sin autorización
Uno de los capítulos más duros está vinculado con las actividades económicas desarrolladas en torno a Malvinas y otros espacios sobre los que Argentina reivindica derechos soberanos. El proyecto establece que la explotación de recursos renovables y no renovables requerirá autorización de las autoridades argentinas, alcanzando no solo a los hidrocarburos, sino también a actividades como la pesca.
Además, el régimen apunta contra toda la cadena involucrada en una operación considerada ilegal: las sanciones podrían alcanzar a empresas, accionistas, controlantes, proveedores y prestadores de servicios financieros, técnicos o logísticos. En materia penal, las penas previstas llegan hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, además de multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de hasta 20 años y restricciones para contratar con el Estado.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de un régimen de protección aeroespacial que contempla el uso progresivo de la fuerza contra aeronaves consideradas hostiles. El procedimiento comienza con la identificación del avión y las advertencias correspondientes, y si la aeronave mantiene una conducta hostil, puede avanzar la respuesta militar.
El uso de la fuerza queda planteado como último recurso y requiere una orden expresa del Presidente, aunque el proyecto permite delegar esa facultad en el ministro de Defensa. La propuesta retoma así una herramienta que había sido establecida durante el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente derogada durante la administración de Alberto Fernández.
Un Consejo de Seguridad Nacional con Milei al frente
El proyecto también crea un Consejo de Seguridad Nacional, que funcionará como órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. El organismo será presidido por el Presidente y contará con la participación permanente del jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica.
La idea central es terminar con una gestión fragmentada de cuestiones estratégicas y establecer una coordinación permanente entre las distintas áreas del Estado. El Consejo tendrá facultades para requerir información y asistencia a organismos nacionales, y podrá solicitar cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa incorpora además herramientas económicas que podrán utilizarse frente a situaciones consideradas una amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional. Entre las medidas previstas aparecen restricciones cambiarias, limitaciones a transferencias y pagos, controles sobre importaciones y exportaciones, suspensión de permisos y concesiones y bloqueo de fondos y activos bajo jurisdicción argentina.
El proyecto también habilita un mecanismo para incrementar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables a un Estado extranjero involucrado, con un límite de hasta 75%.
Defensa Nacional: una mirada más amplia
La reforma también modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de las amenazas que pueden afectar a la Argentina, contemplando tanto amenazas estatales como no estatales, siempre que tengan origen externo. El proyecto suma dimensiones que exceden el campo militar tradicional: el ciberespacio, el espacio electromagnético, la infraestructura estratégica y determinados ataques contra sistemas críticos pasan a formar parte del esquema de análisis de Seguridad Nacional.
El Gobierno propone además crear un sistema específico para proteger infraestructura considerada indispensable para el funcionamiento del país, incluyendo instalaciones y redes vinculadas con energía, comunicaciones, salud, defensa, seguridad, economía y tecnología, además de centros de datos y sistemas informáticos.
El Consejo de Seguridad Nacional deberá elaborar una estrategia y un plan nacional de protección, mientras que los operadores de las instalaciones consideradas críticas tendrán que implementar sus propios planes de seguridad.
Más controles sobre buques en aguas argentinas
El proyecto también establece nuevas reglas para la actuación frente a embarcaciones consideradas de interés. Se crea la figura del "Buque de Interés", destinada a identificar embarcaciones que, por su recorrido, antecedentes, actividad, bandera o comportamiento, requieran un seguimiento especial. La clasificación no implica por sí misma que exista un delito ni habilita automáticamente el uso de la fuerza.
El procedimiento establece distintas etapas, desde la identificación y las órdenes de detención hasta las inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia. El hundimiento queda reservado para circunstancias militares extremas frente a un buque hostil y requiere autorización presidencial.
Otro capítulo apunta contra determinadas formas de influencia extranjera sobre procesos políticos y electorales argentinos. El proyecto restringe el financiamiento y la organización de campañas electorales por parte de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras, y crea delitos relacionados con operaciones financiadas o dirigidas por Estados u organizaciones extranjeras destinadas a alterar procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva, con penas de hasta 15 años en los casos agravados.
La propuesta incorpora además al marco legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera. El proyecto establece penas de cinco a 15 años de prisión para quienes proporcionen apoyo material a organizaciones vinculadas con actividades terroristas o con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Un incentivo para abandonar actividades ilegales
El endurecimiento de las sanciones estará acompañado por un mecanismo de regularización: el Régimen de Desistimiento y Regularización permitirá que determinados sujetos involucrados en actividades cuestionadas puedan acceder a beneficios si abandonan esas operaciones, se comprometen a no reincidir y cumplen con las condiciones establecidas, incluyendo la posibilidad de reconvertir inversiones hacia actividades legales en territorio argentino.
El proyecto de Milei plantea así un cambio significativo en la manera en que el Estado argentino aborda la soberanía y las amenazas externas. Malvinas aparece como el punto de partida de la reforma, pero la iniciativa propone una arquitectura mucho más amplia, en la que la defensa de los intereses nacionales también incluye la economía, la infraestructura, la inteligencia, la tecnología, el comercio y la política exterior.
Ahora será el Congreso el encargado de debatir el proyecto y definir el alcance final de una reforma que, de aprobarse, modificará buena parte del marco legal argentino en materia de soberanía, Defensa y Seguridad Nacional.
