El Gobierno de Rolando Figueroa despidió, el pasado viernes, a otros cinco estatales incumplidores. De este modo, llegó al récord de 13 expulsados en una semana, si se contabiliza, entre ellos, a los siete del pasado lunes y a la exempleada infiel que robó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Entre los cinco nuevos ahora ex agentes alcanzados por la purga hay uno que fue objeto de una causa judicial por estafa, y cuatro "ñoquis" que acumularon una gran cantidad de faltas sin justificar.
Estafó a su jefa
En uno de los despidos de este viernes, el Ejecutivo provincial convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le impuso la sanción de exoneración a Martín Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como empleado administrativo en el Distrito Escolar V, con sede en Chos Malal.
Le endilgaron haber realizado transferencias, pagos de servicios y compras desde la cuenta bancaria de una de las autoridades de ese organismo, entre mayo y septiembre de 2024, período en el que además le atribuyeron haber solicitado dos tarjetas de crédito a nombre de la mujer, dando su propio domicilio particular para recibir los plásticos.
El caso tuvo su correlato en la Justicia Penal neuquina, donde le iniciaron una causa por estafa y se acogió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) en agosto de 2025. En el expediente se señaló que "la gravedad del cuadro fáctico fue refrendada por la instancia penal, en la cual Martínez accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el delito de estafa", y se destacó que, si bien con ello "evitó una condena efectiva en sede judicial, representó un reconocimiento tácito de los hechos".
También se remarcó que "la conducta desplegada resulta inadmisible e incompatible con la función pública, configurando un quebrantamiento de la confianza y la dignidad del cargo que el Estado exige a sus dependientes".
De los faltazos al despido
Otra de las cesantías recayó sobre la agente Carina María de Luján Miñana, de planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Los auditores dieron por acreditado el abandono de cargo, por faltar en forma injustificada a su puesto laboral entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024.
También fue cesanteado el agente Gonzalo Agustín Pinilla, personal de la misma subsecretaría, por sus inasistencias injustificadas durante enero y febrero de 2024. En el documento oficial se recordó que el personal está obligado a cumplir con la "prestación del servicio con eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones vigentes".
Otros dos casos
También el viernes se concretaron las cesantías de otros dos ahora ex agentes. Una es Patricia Elizabeth Zapata, de planta permanente de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, a quien se le comprobaron inasistencias injustificadas y continuas entre el 1° de marzo y el 17 de mayo de 2024, configurando abandono de cargo. La mujer no compareció a ejercer su derecho de defensa cuando la llamaron a declarar.
El quinto cesanteado es el agente Luciano Andrés Zupanovich, del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, también por abandono de cargo, al faltar en forma injustificada entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.
Tal como lo ha hecho en otros casos, el gobierno ordenó que se investigue si los exagentes cobraron las jornadas no trabajadas. Si lo hicieron, les pedirán que devuelvan el dinero; y si se muestran reticentes, se instruirá a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones legales correspondientes, en línea con la política de tolerancia cero que impulsa la gestión de Rolando Figueroa.
