El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del país, en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
Una estrategia que también apunta a directivos
La medida profundiza la estrategia desplegada por el Ejecutivo durante los últimos días para aumentar las consecuencias legales y económicas contra quienes intervengan en la explotación ilegal de recursos naturales argentinos.
Según informó la Oficina del Presidente, las nuevas acciones no alcanzarán únicamente a las compañías directamente involucradas, sino también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en decisiones vinculadas con esas actividades.
De esta manera, las presentaciones derivarán tanto en ampliaciones de procesos judiciales actualmente en curso como en la apertura de nuevas causas penales. "El Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional", señaló Presidencia.
Antecedentes: Sea Lion y otras compañías denunciadas
El anuncio se suma a las medidas adoptadas recientemente por la administración de Milei contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, entre ellas las denuncias anunciadas contra firmas vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Gobierno ya había avanzado contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic, entre otras compañías, mientras que la Cancillería puso bajo investigación a decenas de personas físicas y jurídicas relacionadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas por la República Argentina.
Grandes compañías de servicios ya se bajaron de Malvinas
En paralelo, grandes compañías internacionales de servicios petroleros como SLB, Baker Hughes y Halliburton confirmaron que no participarán en proyectos vinculados con Malvinas, luego del endurecimiento de los mecanismos previstos en la legislación argentina. Las decisiones constituyeron uno de los primeros efectos concretos de la estrategia impulsada por el Ejecutivo para elevar el costo de participar en explotaciones realizadas sin autorización nacional.
La posición argentina se encuentra además respaldada por las resoluciones de las Naciones Unidas, que desde hace décadas solicitan a la Argentina y al Reino Unido abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía, incluyendo aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales.
