La Justicia ordenó la detención de Albertina Mangini, una funcionaria vinculada al gobierno de Axel Kicillof, en el marco de una investigación que busca desarticular una presunta organización dedicada al lavado de activos mediante el uso de datos biométricos de personas vulnerables y ex presos.
Cómo operaba la organización investigada
La fiscal Betina Lacki dispuso la detención de Mangini, quien habría aprovechado sus funciones en una oficina de enlace del Patronato de Liberados para acceder a personas en situación de vulnerabilidad y obtener información personal que posteriormente habría sido utilizada para abrir cuentas financieras.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, a algunas de estas personas se les ofrecían $80.000 a cambio de sus datos personales, fotografías y un escaneo del iris. Con esa información, la organización habría creado cuentas en plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal para utilizarlas como intermediarias en operaciones financieras.
Una investigación por el lavado de $27.000 millones
Uno de los principales elementos de la causa es el volumen de dinero que habría circulado a través de la estructura investigada. La Justicia reconstruyó un flujo financiero bruto de aproximadamente $27.149 millones, vinculado a movimientos registrados en HAZ PAGOS.
En la investigación también aparece Ignacio Leonel Marchioni, imputado junto a Mangini y otras cuatro personas por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Según la pesquisa, el dinero tendría como posible origen actividades vinculadas al juego clandestino y habría sido distribuido entre numerosas cuentas para dificultar la identificación del origen de los fondos y de sus verdaderos beneficiarios.
El mecanismo investigado habría utilizado a las personas cuyos datos eran obtenidos como "mulas financieras", permitiendo canalizar dinero a través de cuentas abiertas a sus nombres sin que necesariamente fueran los verdaderos responsables de las operaciones.
Una posible conexión con la causa Sur Finanzas
La investigación también adquirió relevancia por la presunta vinculación de Marchioni con la causa Sur Finanzas, otro expediente de gran magnitud que analiza movimientos millonarios a través del sistema financiero. El acusado tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes en esa causa, donde se investigan operaciones por alrededor de $87.000 millones, con movimientos realizados mediante billeteras y estructuras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals.
Ahora, la Justicia deberá determinar si ambas investigaciones corresponden a estructuras independientes que compartieron operadores o si existe una conexión financiera más amplia entre los circuitos investigados.
Bajo la lupa, el rol de la funcionaria vinculada a Kicillof
Uno de los aspectos centrales del expediente será determinar qué participación concreta tuvo Mangini en la presunta organización y si su posición en el Patronato de Liberados fue utilizada para acceder a información de personas vulnerables.
La hipótesis fiscal apunta a que los datos biométricos obtenidos permitían generar identidades financieras funcionales al movimiento de dinero, superando los mecanismos de identificación exigidos por distintas plataformas digitales.
La causa pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de estructuras de lavado que utilizan billeteras virtuales y cuentas de terceros para fragmentar grandes volúmenes de dinero, en un nuevo escándalo que vuelve a salpicar al entorno del gobierno de Axel Kicillof. Mientras avanzan las medidas judiciales, la fiscalía deberá determinar el alcance de la organización, el origen de los fondos y la eventual responsabilidad de cada uno de los imputados.