La Legislatura de Neuquén aprobó en la sesión de este miércoles el protocolo de actuación para que se puedan implementar los exámenes sobre consumo de drogas a los diputados provinciales.
Si bien en febrero de este año el gobernador Rolando Figueroa había reglamentado la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, dentro de la Cámara no se había aplicado la medida, bajo el argumento de no contar con un protocolo, que es lo que se sancionó ahora, con 30 votos positivos y dos negativos.
Lo más importante que establece la nueva norma es que "el procedimiento debe garantizar el carácter sorpresivo y aleatorio de los controles, su realización in situ en el lugar donde los diputados y diputadas cumplen sus funciones, la intervención de personal habilitado por la autoridad sanitaria competente y la confidencialidad de los datos personales, sanitarios y de los resultados".
La modalidad del test
El protocolo marca que "los test rápidos toxicológicos deben realizarse con periodicidad bimestral", garantizando que cada diputado y cada diputada se someta al test rápido al menos una vez en cada bimestre, dentro del período ordinario de la Legislatura.
A su vez, el laboratorio que lo llevará adelante "debe encontrarse habilitado o autorizado, según corresponda, por la autoridad sanitaria competente (Secretaría de Cámara y el Departamento de Medicina Laboral)". Este último debe comunicar al prestador el día y la franja horaria del operativo para asegurar su presencia en el ámbito de la Legislatura, la preparación del equipamiento y la disponibilidad de insumos.
Se establece, además, que la convocatoria debe ser inmediata, y que el diputado o diputada convocado debe presentarse "sin demora" en el espacio dispuesto para la realización del test, de manera obligatoria.
Dónde y cómo se harán los exámenes
La norma determina que los test rápidos toxicológicos se realizarán in situ, en el ámbito físico de la Legislatura. El espacio destinado deberá ser "privado, adecuado y reservado", y garantizar "la confidencialidad, la dignidad y la intimidad de quien se somete al test, sin afectar la seguridad técnica del procedimiento, la identidad de la muestra ni la cadena de custodia".
La notificación hacia los legisladores "debe informar, como mínimo, la obligatoriedad de realizar el test rápido, el derecho a negarse, las consecuencias legales de la negativa injustificada y la posibilidad de declarar, en formulario reservado, la medicación prescripta que pudiere incidir en el resultado". Al mismo tiempo, la toma de muestra tendrá que asegurar "la identidad de quien se somete al test, la integridad de la muestra, la cadena de custodia y la prevención de sustituciones, adulteraciones o manipulaciones".
Cómo será la implementación
El diputado Claudio Domínguez (MPN) dijo que el protocolo marca "lo que establece la ley", en el sentido de que es "rápido, en el lugar de trabajo y de manera sorpresiva. Y puede ser aleatorio y sencillo para la Legislatura porque somos 35 legisladores".
Domínguez destacó que los test serán anuales, que en el período ordinario se realizarán de forma bimestral, y que en el período extraordinario se harán en las sesiones extraordinarias, en las preparatorias o en la Comisión Observadora Permanente, consolidando así el avance del protocolo impulsado en el marco de la Ley 3531, reglamentada por el gobierno de Rolando Figueroa.