La política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa sigue sumando despidos en el Estado neuquino. En las últimas semanas se sumaron dos nuevos casos: un policía y un portero, ambos condenados por la Justicia.
El caso del portero de un jardín de infantes
El gobernador convalidó la resolución del 18 de mayo de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y dio de baja de la administración pública provincial a Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios (portero) en el Jardín de Infantes N.° 52 de Añelo.
La decisión fue a raíz de una sentencia condenatoria en una causa por el delito de "amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil". La condena le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral, en virtud de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.).
Según consta en la documentación oficial, la sentencia fue producto de un acuerdo judicial en el que se le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el pago de una multa. Se indicó, además, que su proceder delictivo generó una incompatibilidad con su puesto de trabajo, ya que los empleados públicos están obligados a poseer buenas condiciones morales y de conducta, acordes a la confianza que exige su condición de agente del Estado.
El caso del oficial de Policía
También fue exonerado el ahora ex oficial principal Patricio Eduardo Gómez. La propia Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén pidió que se le aplicara ese castigo, luego de que fuera condenado por hechos cometidos contra una compañera de trabajo, que se encontraba cumpliendo funciones.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023, y un Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria contra Gómez, imponiéndole una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de "abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público o miembro de una fuerza policial o de seguridad".