La política de control sobre el empleo público que impulsa el gobierno de Rolando Figueroa sumó un nuevo caso de fuerte impacto. Una agente estatal fue exonerada de la administración pública luego de comprobarse que presentó certificados médicos falsificados con la firma de un profesional que ni siquiera se encontraba en la Argentina, ya que residía en Europa desde hacía varios años.
La maniobra ocurrió durante el último tramo de la gestión provincial anterior, pero la investigación administrativa concluyó recientemente y derivó en la aplicación de la sanción más grave prevista para un empleado público: la exoneración, que además impide el reingreso a la administración.
EL FRAUDE QUEDÓ AL DESCUBIERTO
La sanción recayó sobre María Inés Mellado, quien integraba la planta permanente de la entonces subsecretaría de Familia del ex Ministerio de Gobierno, actualmente Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
Según consta en la documentación oficial, la agente presentó certificados médicos adulterados los días 15 de marzo y 9 y 10 de mayo de 2023, todos ellos con prescripción de reposo laboral.
La investigación determinó que tanto la firma como el sello utilizados pertenecían al mismo médico, pero fueron falsificados para justificar las ausencias laborales.
El sumario administrativo concluyó que la documentación presentada era apócrifa y que la conducta de la empleada configuraba una falta de extrema gravedad dentro de la administración pública.
EL MÉDICO VIVÍA EN EUROPA DESDE 2021
Uno de los elementos más contundentes de la investigación fue el informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones.
Ese documento confirmó que el profesional había abandonado la Argentina el 20 de marzo de 2021 con destino a España y que, hasta octubre de 2023, no existían registros de su regreso al país.
Posteriormente, durante una declaración testimonial realizada por videoconferencia, el propio médico ratificó que la firma y la letra plasmadas en los certificados no le pertenecían.
Además, explicó que desde 2021 dejó de ejercer la profesión en Argentina porque se radicó en Italia y nunca volvió a atender pacientes en el país durante ese período.
Ese testimonio terminó de fortalecer la prueba documental reunida por los instructores del sumario.
LA EMPLEADA NO SE PRESENTÓ A DECLARAR
Durante el procedimiento administrativo, la trabajadora fue citada para ejercer su derecho de defensa, pero no compareció a prestar declaración.
Tras analizar toda la prueba testimonial y documental, la instructora sumariante concluyó que existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad administrativa por haber intentado utilizar certificados médicos falsificados para obtener licencias laborales.
En el expediente también se remarcó que la conducta representó una grave violación a las obligaciones que impone el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial (E.P.C.A.P.P.) y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para ese organismo.
LA SANCIÓN MÁS SEVERA PREVISTA POR LA LEY
Los auditores sostuvieron que la conducta acreditada encuadra dentro de las causales previstas para aplicar la exoneración, una sanción más grave que la cesantía debido a que inhabilita de manera permanente el reingreso del agente a la administración pública.
Entre los fundamentos del expediente se menciona la posible comisión de un delito contra la administración pública y la existencia de una "notoria indignidad moral", al intentar burlar el sistema de licencias mediante documentación adulterada.
Asimismo, recordaron que el Estatuto del Personal establece que todo agente público debe mantener una conducta acorde con la confianza que exige el desempeño de funciones estatales y prohíbe expresamente la realización de actos incompatibles con las normas de moral y buena conducta.