En el marco de una ofensiva sin precedentes contra la burocracia estatal, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, decidió avanzar esta semana con un ambicioso paquete de proyectos de desregulación. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca remover obstáculos históricos en sectores clave de la economía antes del inicio del receso de invierno.
El plan integral no solo abarca el ámbito inmobiliario, sino que también se extiende al mercado de capitales local y al cabotaje, marcando lo que desde el Gobierno describen como un punto de inflexión en la recuperación de la libertad económica en la Argentina.
El corazón de la reforma: transformar el corretaje inmobiliario
El eje central de la iniciativa apunta a transformar el corretaje inmobiliario, que dejaría de ser considerado una profesión liberal para pasar a ser un servicio de intermediación comercial. El proyecto de Sturzenegger contempla varias medidas centrales:
- Eliminación de la colegiación obligatoria para poder operar.
- Libertad de aranceles, suprimiendo los honorarios mínimos fijados por decreto.
- Fin de la exigencia de título universitario, impuesta por la Ley 25.028.
- Apertura territorial, eliminando las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.
El ministro Sturzenegger fue tajante al defender la transformación, al calificar como una "aberración social" que un colegio profesional tenga la potestad de fijar precios mínimos. "El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado", sostuvo el funcionario, quien remarcó que el objetivo final es reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda.
La investigación detrás del proyecto señala que todas las leyes provinciales que encuadraron al corretaje como profesión liberal se sancionaron a partir de 2003, apenas diez días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Desde el Gobierno describen a varios de estos colegios inmobiliarios como estructuras que consolidaron un monopolio de matrículas.
Frente al avance de la iniciativa, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires buscaron respaldo político el pasado 4 de junio en la figura de Sergio Massa, para sostener el esquema de colegiación vigente.
Inocencia Fiscal II y el objetivo de USD 170.000 millones
Como parte de este mismo paquete de reformas, el oficialismo enviará la próxima semana el proyecto de Inocencia Fiscal II. El ministro de Economía, Luis Caputo, trabajó en una versión mejorada de la ley, tras dialogar con profesionales del sector para corregir los puntos que habían limitado su impacto inicial. "No veo razón para que no aprueben una versión mejorada", afirmó Caputo.
El objetivo de la iniciativa es movilizar los USD 170.000 millones que, según datos oficiales del Banco Central, se encuentran fuera del sistema financiero, con el propósito de que ese ahorro se convierta en inversión, financiando proyectos de infraestructura y fortaleciendo a las pymes.