OTRO CAPÍTULO DE LA CORRUPCIÓN K: SE ACERCA EL VEREDICTO POR LOS GASODUCTOS DE ODEBRECHT
RedacciónDespués de casi dos décadas de investigaciones, una de las causas más resonantes vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas ingresó en su etapa decisiva. El Tribunal Oral Federal N° 2 avanzará el próximo 23 de junio con la audiencia de últimas palabras de los imputados en el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) a la constructora brasileña Odebrecht.
Finalizada esa instancia, los jueces anunciarán ese mismo día el horario en el que se conocerá el veredicto, que determinará si los acusados son condenados o absueltos por los hechos investigados.
La causa tiene su origen en las investigaciones abiertas tras el escándalo de la empresa sueca Skanska y apunta a un presunto esquema de direccionamiento en una contratación pública que superó los 2.300 millones de dólares, en una de las obras energéticas más importantes realizadas entre los años 2006 y 2008.
LA ACUSACIÓN CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL KIRCHNERISMO
De acuerdo con la acusación del fiscal Diego Luciani, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría impulsado un esquema administrativo que permitió diseñar un procedimiento favorable a Odebrecht.
Según la fiscalía, el marco normativo creado durante ese período otorgó facultades a funcionarios del área energética para desarrollar un sistema que permitió evitar controles considerados fundamentales para una contratación de semejante magnitud.
Entre las medidas cuestionadas aparece la creación de fondos fiduciarios financiados mediante aportes obligatorios de grandes usuarios de gas y un esquema que permitía que la empresa adjudicataria seleccionara proveedores y servicios bajo sus propios criterios.
Luciani sostuvo durante sus alegatos que existió “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura”.
El fiscal agregó que “se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática”, lo que, según su postura, permitió sortear mecanismos de control en una obra estratégica para el país.
LOS PEDIDOS DE CONDENA Y LOS ACUSADOS
Por estos hechos, la fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Daniel Cameron, exsecretario de Energía durante los gobiernos kirchneristas.
También pidió una pena de tres años y seis meses de prisión para Cristian Folgar, exsubsecretario de Combustibles, y para Luis Beuret, exvicepresidente de CAMMESA.
En el caso de Julio Armando Bragulat, exsubgerente de esa compañía, el fiscal pidió su absolución al considerar que no se logró acreditar su participación en los hechos.
Las defensas de todos los acusados solicitaron la absolución y rechazaron la existencia de delitos.
Los abogados de De Vido cuestionaron la acusación y afirmaron que las decisiones tomadas durante su gestión se realizaron dentro del marco legal vigente y en un contexto de emergencia energética.
Por su parte, las defensas de Cameron y Folgar sostuvieron que no existieron sobreprecios, sobornos ni pruebas de un direccionamiento efectivo de la licitación.
UNA CAUSA QUE VUELVE A PONER BAJO LA LUPA LA OBRA PÚBLICA K
El expediente se convirtió en otro de los procesos judiciales que analizan el manejo de grandes contratos estatales durante el kirchnerismo, una etapa atravesada por numerosas investigaciones sobre la administración de la obra pública y los mecanismos de contratación del Estado.
La causa busca determinar si la emergencia energética declarada en aquel período fue utilizada como argumento para implementar un esquema excepcional que terminó beneficiando indebidamente a la constructora brasileña Odebrecht.
La llegada del caso a su etapa final se produce en un contexto donde el Gobierno de Javier Milei mantiene un fuerte discurso de transparencia, reducción del gasto público y eliminación de estructuras estatales que, según sostiene el oficialismo, durante años permitieron discrecionalidad y falta de controles.