MILEI BUSCA AVANZAR EN EL SENADO CON LA REFORMA DE PROPIEDAD PRIVADA Y EL ACUERDO POR LA DEUDA
RedacciónEl Gobierno de Javier Milei volverá a poner a prueba su capacidad de construcción política en el Senado con una sesión que incluye varios de los proyectos que considera estratégicos para consolidar su programa de reformas.
La jornada parlamentaria estará marcada por el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la aprobación de cerca de 50 pliegos judiciales y el acuerdo destinado a cancelar litigios internacionales vinculados a la deuda en default heredada de la crisis de 2001.
La sesión fue convocada para las 11 de la mañana y será observada con atención por la Casa Rosada, que busca mantener la dinámica favorable que viene registrando en el Congreso tras la renovación legislativa.
El oficialismo necesita además seguir consolidando acuerdos con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales para sostener el avance de reformas que considera fundamentales para atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica.
LA LEY QUE BUSCA PROTEGER LA PROPIEDAD PRIVADA
Uno de los proyectos centrales de la sesión será la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por La Libertad Avanza y modificada durante su tratamiento en comisión.
El texto apunta a agilizar los procesos de desalojo frente a ocupaciones ilegales y reforzar las herramientas judiciales para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones de los jueces.
Entre los cambios más importantes figura la creación de un procedimiento sumarísimo que permitiría acelerar la restitución de inmuebles cuando existan elementos suficientes para acreditar el derecho del propietario.
Además, el proyecto habilita mecanismos de restitución anticipada bajo control judicial y contempla la incorporación del domicilio electrónico para modernizar las notificaciones.
También amplía las facultades judiciales para identificar ocupantes y ejecutar resoluciones vinculadas a desalojos.
Para el oficialismo, la iniciativa busca terminar con años de vacíos legales que favorecieron ocupaciones irregulares y debilitaron el derecho de propiedad.
La propuesta también elimina algunas restricciones para la venta de tierras a extranjeros, aunque mantiene intactas las facultades de las provincias sobre sus respectivos territorios.
Desde el Gobierno sostienen que fortalecer la propiedad privada es una condición indispensable para atraer inversiones y generar desarrollo económico.
EL ACUERDO PARA CERRAR JUICIOS MILLONARIOS HEREDADOS
Otro de los puntos destacados será el tratamiento del acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund.
La iniciativa busca cancelar obligaciones por aproximadamente 171 millones de dólares derivadas de litigios vinculados a la deuda en default de 2001.
El convenio tiene vigencia hasta el 30 de junio y, en caso de recibir aprobación en el Senado, deberá pasar por la Cámara de Diputados.
El acuerdo ya cuenta con el aval de la jueza Loretta Preska, quien homologó la propuesta durante marzo de este año.
Los litigios involucran bonos soberanos adquiridos por fondos que rechazaron los distintos procesos de reestructuración de deuda realizados por Argentina.
Entre ellos se encuentra Bainbridge Fund, que mantiene reclamos contra el país desde 2016, y Attestor Master Value, que sostiene acciones judiciales desde 2014.
UNA HERENCIA DE LA CRISIS DE 2001
Los fondos involucrados forman parte del grupo de acreedores que nunca ingresó a los distintos canjes de deuda impulsados por los gobiernos argentinos tras el colapso económico de 2001.
Incluso, algunos de ellos participaron en acciones judiciales que derivaron en episodios emblemáticos como el embargo de la Fragata Libertad en Ghana durante 2012.
Desde el oficialismo sostienen que resolver estos litigios forma parte de una estrategia más amplia destinada a normalizar la relación financiera internacional de la Argentina y mejorar las condiciones para futuras inversiones.
En la Casa Rosada consideran que cerrar conflictos judiciales históricos y fortalecer la seguridad jurídica son pasos necesarios para consolidar el modelo económico impulsado por Milei.
La sesión también incluirá la aprobación de aproximadamente 50 pliegos judiciales, aunque quedará fuera el de la jueza María Michelli, cuya designación fue frenada por decisión del Gobierno.
Además, se debatirán proyectos relacionados con la reorganización de cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.